El candidato presidencial independiente Franco Parisi deberá enfrentar un nuevo proceso judicial tras las denuncias por su cuestionada vinculación a dos colegios que pertenecían a la Masonería, y que le fueron entregados para su administración por medio de la sociedad Palermo Multimedia.
Según Emol, en representación del estudio jurídico que representa a la Masonería (Club de la República), el abogado Carlos Castro confirmó que presentará una querella en contra del aspirante a La Moneda y su hermano Antonino, también integrante de Palermo Multimedia, por el delito de apropiación ilícita de los dineros correspondientes a las cotizaciones previsionales de los trabajadores de los establecimientos educacionales Las Américas y La Fontaine
En declaración a La Segunda, el abogado explicó que la Masonería entregó los colegios mencionados a esta sociedad para su administración durante 2011-2012, pero que volvieron a su tuición debido a graves falencias financieras y administrativas, las cuales llevaron al cierre de Las Américas y a una fuerte disminución de la matrícula en el caso del Colegio La Fontaine.
Por estos hechos la Masonería previamente presentó acciones civiles por los perjuicios sufridos, proceso que está en manos de la jueza arbitral Sonia Rojas, quien ha citado a audiencias a las que -según el abogado Castro- los demandados no se han presentado.
El abogado explicó que las cotizaciones de seguridad social, fueron descontadas de las liquidaciones de sueldo por la administradora de los Parisi, pero no fueron enteradas ante las respectivas instituciones previsionales.
En esa línea, también se está llevando a cabo una investigación en la Fiscalía Local de Nuñoa a raíz de una traspaso a un particular de diez millones desde la cuenta corriente del colegio La Fontaine un mes después de que la sociedad Palermo – a cargo de Luis Moraga Parisi, primo del candidato presidencial- había hecho entrega de la administración del establecimiento.
Aunque Franco Parisi ha asegurado que no participó en la gestión de los colegios, el abogado querellante sostuvo en “La Segunda” que hasta noviembre de 2011, el candidato celebró acuerdos con los sindicatos de los colegios como miembro de la administración.
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